Iniciar un proceso judicial para recuperar una deuda puede convertirse en una carga prolongada, tomando años y generando costos significativos para cualquier empresa. Por ello, la conciliación prejudicial se presenta como el mecanismo ágil que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano para resolver conflictos antes de llegar a un juzgado.
¿Qué es la conciliación prejudicial?
Regulada por la Ley 2220 de 2022, la conciliación es definida como un mecanismo donde las partes gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral llamado conciliador.
Este tercero tiene la facultad de proponer fórmulas de arreglo y dar fe del acuerdo alcanzado. Una vez firmado, el acuerdo adquiere carácter de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, lo que significa que tiene la misma fuerza legal que una sentencia judicial.
Ventajas estratégicas frente al litigio ordinario
La conciliación ofrece beneficios concretos que superan las limitaciones de un proceso ejecutivo tradicional:
- Agilidad: Mientras un juicio puede tardar entre dos y cuatro años, la ley establece que la audiencia debe realizarse dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la solicitud, con un plazo máximo de tres meses prorrogables.
- Eficiencia: Se reducen considerablemente tanto los costos procesales como el desgaste administrativo.
- Control del acreedor: A diferencia de un juez, en la conciliación el acreedor mantiene el control de la negociación, pudiendo acordar condiciones de pago, plazos y garantías específicas.
- Preservación de relaciones: Permite mantener, cuando conviene, la relación comercial con el deudor.
- Peso legal: La inasistencia injustificada del deudor a la audiencia puede ser considerada como un indicio grave en su contra en un eventual proceso judicial posterior.
El éxito depende de una estrategia jurídica sólida
No basta con asistir a la audiencia; el éxito de una conciliación prejudicial depende de la preparación jurídica previa. Es fundamental:
- Conocer a fondo el respaldo legal de la acreencia.
- Anticipar las posibles objeciones que presente el deudor.
- Determinar estratégicamente los límites de la negociación sin comprometer los intereses del cliente.
Estas habilidades son las que marcan la diferencia entre lograr un acuerdo favorable y verse obligado a iniciar un proceso judicial largo y costoso.
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