La Superintendencia de Industria y Comercio ha definido criterios importantes respecto a la competencia en la resolución de controversias relacionadas con contratos de arrendamiento. Esta delimitación busca dar mayor claridad a los usuarios sobre cuál es la autoridad competente para conocer sus reclamaciones, según el origen del conflicto.
Cuando la controversia se deriva de la violación de derechos del consumidor, esta puede ser tramitada ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia. En estos casos, se trata de situaciones en las que el arrendatario actúa en calidad de consumidor frente al arrendador como proveedor del servicio.
En contraste, si el conflicto corresponde a un incumplimiento contractual sin relación directa con los derechos del consumidor, el asunto debe ser conocido por los jueces civiles ordinarios, quienes tienen competencia para resolver disputas contractuales generales.
Esta diferenciación permite garantizar una adecuada canalización de los procesos y una administración de justicia más eficiente, acorde con la naturaleza de cada caso.
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