En febrero de 2026, surgió una controversia sobre el decreto que establece el salario mínimo, después de que el Consejo de Estado interviniera para revisar si el Gobierno había cumplido con todos los requisitos legales al establecerlo, especialmente en temas como la productividad y otras variables económicas. Aunque el decreto no ha sido anulado, esta revisión genera incertidumbre, ya que podría afectar los costos laborales proyectados para 2026, así como el valor de honorarios, sanciones y cargos administrativos que dependen directamente del salario mínimo.
Para las empresas con una nómina significativa o con contratos vinculados al salario mínimo, es crucial monitorear las decisiones tomadas en este proceso, también es recomendable revisar las cláusulas contractuales que se actualizan en función del salario mínimo y preparar diferentes escenarios financieros para anticipar posibles cambios. Esto ayudará a reducir riesgos, proteger la estabilidad de los costos y mantener la seguridad jurídica en las relaciones laborales y comerciales.