La obligación de información: mucho más que una responsabilidad con los consumidores En Colombia, la obligación de información hacia los consumidores tiene un fundamento constitucional, consagrado en el artículo 78 de la Constitución Política, que ordena regular la información suministrada a los consumidores y establecer la responsabilidad por los daños que puedan derivarse de productos que atenten contra su seguridad. En desarrollo de este mandato, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) reconoce el derecho de los consumidores a recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, de modo que puedan tomar decisiones informadas en el mercado. La información cumple así un papel esencial en las relaciones de consumo, pues permite al comprador comparar, elegir y confiar en la oferta. Sin embargo, la información también incide en la competencia, ya que influye directamente en las preferencias de los consumidores y en la posición de los productores en el mercado. Por ello, la Ley de Protección al Consumidor exige que toda información sea cierta, completa, verificable, comprensible e idónea, incluyendo no solo las ventajas del producto, sino también sus riesgos, condiciones de uso y limitaciones. El incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidad administrativa, civil e incluso por competencia desleal, si la omisión o falsedad de la información otorga ventajas indebidas frente a otros actores del mercado. En consecuencia, la obligación de informar no se limita a un deber legal: es un compromiso con la transparencia, la lealtad comercial y la protección del consumidor, pilares que garantizan un mercado justo y equilibrado.
